Por: Grupo Animal
Alrededor de 9 mil conductores de plataformas digitales operan sin registro oficial ante el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en Baja California, de un padrón estimado de 29 mil operadores activos en la entidad. Ante esta situación, las autoridades estatales han intensificado los operativos e informado que las sanciones para quienes presten el servicio de transporte irregular pueden alcanzar hasta los 60 mil pesos, además del remolque del vehículo.
Exigencias legales y regularización
América Robles Pérez, directora de Transporte y Control Vehicular del IMOS, señaló que la Ley de Movilidad Sustentable de Baja California establece que todo conductor de transporte privado, público o de plataformas (como Uber, DiDi e InDrive) debe contar obligatoriamente con una anuencia vehicular y un gafete de identificación vigente.
Entre los requisitos exigidos por el organismo regulador destacan:
- Revisión mecánica del vehículo.
- Tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
- Examen toxicológico (antidoping).
- Carta de no antecedentes penales.
De acuerdo con las autoridades, estos trámites buscan ofrecer trazabilidad y mayor seguridad a los usuarios ante eventuales percances o la comisión de delitos.
Contexto de seguridad y riesgos en el servicio
La medida cobra relevancia tras diversos incidentes delictivos registrados entre 2024 y 2026 en la entidad, los cuales han involucrado tanto a pasajeros como a choferes de estas plataformas. Entre los casos recabados figuran investigaciones por privación ilegal de la libertad, abuso sexual, robo con violencia y homicidio.
Entre los hechos más recientes destaca la detención de conductores señalados por desviarse de las rutas establecidas y la posterior intervención de cuerpos de seguridad como la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) para el rescate de víctimas. De igual forma, se han documentado agresiones graves contra los propios operadores, incluidos robos con violencia de sus unidades y homicidios a manos de usuarios.
Postura e inconformidades de los conductores
Por su parte, agrupaciones de choferes han manifestado su inconformidad ante las exigencias del IMOS y las propias plataformas. Andrés Toledo, representante de un sector de conductores en Tijuana, denunció que el costo del registro inicial supera los 4 mil pesos y que los pagos exigidos no se traducen en mejoras de seguridad ni en infraestructura vial.
Asimismo, los operadores señalan la falta de prestaciones laborales básicas y acusan un trato inequitativo, asegurando que las inspecciones y operativos se concentran de manera desproporcionada en las aplicaciones digitales frente al transporte público tradicional.
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