Por: Tribuna de la Bahía
Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) desplegaron un operativo en la playa de San Pancho, dentro del municipio de Bahía de Banderas, para acordonar la zona perimetral del hotel Punta Paraíso y prevenir accidentes entre turistas y residentes ante el inminente riesgo de colapso de la estructura.
Riesgo de desplome y falta de fecha para la demolición
Pese a la urgencia que representa el estado del inmueble, la demolición controlada continúa sin una fecha definida. Imágenes transmitidas en redes sociales muestran al personal naval delimitando el área con cinta de precaución en la arena y realizando patrullajes marítimos frente a la costa. El edificio presenta severos daños estructurales en su base, golpeada constantemente por el oleaje.
Habitantes de la zona han expresado su preocupación por el impacto ambiental y de seguridad pública, advirtiendo que un derrumbe no controlado dispersaría enseres domésticos, cristales y escombros dentro del ecosistema marino.
Litigio ambiental y vacíos de autoridad
El acordonamiento se produce semanas después de que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificara las sanciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y negara el amparo a la empresa Pacific Lifestyle Properties. La resolución judicial ordena demoler las Torres 1 y 2, edificadas irregularmente en la zona federal marítimo-terrestre, y restituir una superficie de 1,466 metros cuadrados.
Sin embargo, la ejecución de la sentencia enfrenta diversos obstáculos:
- Extinción de la empresa: El gobierno municipal señala que la desarrolladora responsable ya no existe legalmente, complicando la atribución de costos.
- Recursos legales: Alrededor de 20 condóminos extranjeros han promovido acciones judiciales para proteger su inversión.
- Falta de competencias: No se ha determinado con claridad qué orden de gobierno debe asumir los trabajos de demolición.
El alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana García, hizo un llamado a la Profepa y a la Semarnat para acelerar los trámites administrativos, mientras que colectivos ciudadanos han solicitado la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Gobierno Federal lleve a cabo una ejecución subsidiaria de la demolición.
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