Por: Revista Latinoamericana de Derecho Social
La reconfiguración del sistema de salud pública en México ha alcanzado un punto determinante tras la disolución del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el establecimiento de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar). Esta reforma busca centralizar la administración y garantizar el acceso gratuito e integral a los servicios médicos para la población que carece de seguridad social.
Transformación del marco legal (2020-2024)
El análisis de la evolución legislativa de la Ley General de Salud entre 2020 y 2024 refleja un viraje en la estrategia del Estado mexicano. Mientras la reforma de 2020 depositaba la coordinación asistencial en el INSABI mediante convenios estatales, la actualización de 2024 otorga autonomía técnica y operativa directa al IMSS-Bienestar.
Entre los principales cambios normativos destacan:
- Gratuidad absoluta: Se ratifica la prohibición de cobrar cuotas de recuperación a personas sin derechohabiencia por servicios de salud, medicamentos y dispositivos médicos.
- Consolidación de insumos: El IMSS-Bienestar asume atribuciones en los procesos de compra y distribución consolidada de medicamentos para contrarrestar el desabasto.
- Estandarización de la calidad: Se introduce formalmente el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, asignando la certificación de unidades médicas al Consejo de Salubridad General.
Tensión entre el federalismo y la centralización
El paso hacia el IMSS-Bienestar ha reavivado el debate sobre el federalismo sanitario en México. Tras décadas de descentralización en las que los estados gestionaban sus recursos de salud, la tendencia actual concentra las decisiones operativas, financieras y de personal en la Federación. Especialistas señalan que este fenómeno de centralización puede restar capacidad de respuesta local ante emergencias o necesidades particulares de cada región.
A pesar de que el modelo busca homologar la atención a nivel nacional, la marcada disparidad en la infraestructura hospitalaria y el déficit de personal médico especializado entre entidades federativas representan barreras complejas para lograr una equidad real.
Retos pendientes: Sostenibilidad y gobernanza
Si bien el artículo 4.º de la Constitución mexicana consagra el derecho a la protección de la salud con carácter universal, su cumplimiento efectivo sigue teniendo una naturaleza programática. Su alcance real está supeditado a la asignación de presupuestos suficientes y a una gestión eficiente.
Para asegurar que la transición hacia el IMSS-Bienestar no quede únicamente en un cambio normativo, resulta urgente:
- Fortalecer la capacidad rectora de la Secretaría de Salud sobre todo el sector.
- Garantizar esquemas de financiamiento sostenibles y con rendición de cuentas clara.
- Reducir la fragmentación entre los distintos subsistemas de salud pública y privada.
La consolidación de este nuevo modelo constituye un paso relevante hacia la universalidad de los servicios médicos, pero su éxito dependerá de una ejecución sostenida que priorice la equidad y el bienestar poblacional más allá de los cambios de administración.
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